La Justicia provincial libró de culpa y cargo a once personas involucradas en la "masacre de Coronda" ocurrida en 2005. Entre ellos figura el ex director del Servicio Penitenciario de la provincia, Fernando Rosúa, que actualmente se desempeña como concejal en la ciudad de Rosario. En cambio, el director y subdirector del penal y dos guardiacárceles irán a juicio por su responsabilidad durante el motín.
El expediente judicial abierto, a raíz de las denuncias de los sobrevivientes de la masacre del 11 de abril de 2005 en la cárcel de Coronda, tuvo 17 imputados, 4 de los cuales fueron procesados, 11 recibieron la falta de mérito y otros 2 quedaron sobreseídos el 26 de junio pasado.Cuatro meses después, de acuerdo con los plazos legales establecidos, el juez de Instrucción Penal de la Quinta nominación, Darío Sánchez, firmó el sobreseimiento de aquellos once sobre los cuales no existía mérito para procesar ni sobreseer en aquel entonces.La nómina la integran Daniel Ferreyra, jefe del Ala Norte; Humberto Orsi y Márcos López Castro, jefes ayudantes del mismo sector; Manuel Benegas, jefe de Correccional; Marcelo Caligaro, jefe de Vigilancia; Evaristo González, jefe de Cuerpo Penitenciario de la Dirección General; Eduardo Leclerc, jefe de Correccional de la Dirección General; Fernando Rosúa, director general del Servicio Penitenciario de la provincia; Walter Rossini, subdirector general; y el suboficial Darío Peralta, coordinador de los pabellones 5, 7, 9 y 11 del Ala Norte.Faz administrativaSi bien para ellos se termina una etapa, puesto que el sobreseimiento significa ni más ni menos que su inocencia ante la ley, no todos quedaron completamente al margen de las sanciones.Un expediente administrativo que se encuentra a consideración de Fiscalía de Estado deberá resolver la situación de los funcionarios Caligaro, Benegas y Ferreyra cuyo pase a disponibilidad se encuentra vigente.La medida adoptada hace dos años y medio por las autoridades del servicio, implica que cobren la mitad del sueldo desde entonces, por lo que cada uno buscó otra alternativa de subsistencia. Benegas tiene un oficio en un negocio de refrigeración, Ferreyra es chofer de taxi y Caligaro se encuentra atravesando una enfermedad que le impide trabajar.El pase a disponibilidad se ordenó "por faltas administrativas", confirmó una fuente. Según les explicaron, fue "para no entorpecer la investigación", por lo que cuestionaron que no se los haya trasladado a otra unidad de la provincia.Si bien aguardan lo que resuelva Fiscalía de Estado en el sumario administrativo, saben que el reemplazante en el cargo del director del Servicio Penitenciario, Jorge Bortolozzi, "pidió la cesantía" de cada uno de ellos.En ejercicioLópez Castro, Orsi, Ricca y Peralta siguen trabajando en la U1 de Coronda. En cuanto a Rossini, Leclerc, González y Rosúa, ya no ocupan ningún cargo dentro del Servicio Penitenciario.El último de ellos, hijo del ministro de Gobierno de Obeid; y el subdirector general Walter Rossini, fueron los únicos funcionarios políticos imputados. Rosúa se desempeñó como director del Servicio Penitenciario de la provincia entre diciembre de 2003 y abril de 2006. Luego fue director provincial de Seguridad Comunitaria hasta noviembre de 2006.NombresLorenzo Ricca, Daniel Ferreyra, Humberto Orsi, Manuel Benegas, Marcelo Caligaro, Evaristo González, Eduardo Leclerc, Fernando Rosúa, Marcos López Castro, Walter Rossini y Darío Peralta recibieron la "falta de mérito" el 26 de junio pasado, por lo que cuatro meses más tarde quedaron automáticamente sobreseídos al no producirse nuevas pruebas que los incriminen.Elevación a juicioEl viernes 31 de octubre el juez Darío Sánchez envió el expediente al fiscal Carlos Raúl Romero, quien deberá hacer la "requisitoria de elevación a juicio". En caso de no haber objeciones del Ministerio Público la causa pasará al juzgado de Sentencia N´ 4, de Mauricio Frois.El 26 de junio de 2008 el juez Sánchez, procesó a dos guardiacárceles y a los directores de entonces, acusados por no haber cumplido con sus funciones durante el motín. "Las muertes no fueron espontáneas", expresó Sánchez en aquella resolución, quien además sostuvo que las muertes no fueron producto de una pelea entre santafesinos y rosarinos.Oscar Daniel Mansilla, entonces director del Instituto de Detención U1 de Coronda, resultó procesado por el delito de "incumplimiento de los deberes de funcionario público". También lo acusó de "homicidio culposo agravado" por los 4 internos fallecidos en el pabellón 1, al igual que al subdirector, Carlos Daniel Monti, que también resultó procesado.Los guardiacárceles Oscar Yosviak y Eduardo Daniel Marchesin lo están como autores de los delitos de "incumplimiento de los deberes de funcionario público en concurso ideal, con homicidio culposo agravado" por las 14 muertes.El juez Sánchez buscó "la presunta responsabilidad penal de los funcionarios penitenciarios que tuvieron algún tipo de participación en el desgraciado suceso" y determinó que no hubo "connivencia alguna con los amotinados".
Fuente: notife.com/El Litoral
